El nuevo decreto del Gobierno valenciano que regulará la prostitución en la Comunidad prevé la imposibilidad de ejercer esta actividad en la calle o en cualquier lugar que no este catalogado como local de alterne. Esta normativa establece la supresión de la licencia de actividad por cinco años a aquellos establecimientos en los que exista relación sexual pagada sin disponer del preceptivo permiso, ya que constan como discotecas u hoteles. El futuro decreto, que será aprobado este mismo año, contempla una serie de medidas para retraer a las meretrices de proseguir con este trabajo. Para ello existirán una serie de programas de formación y de reinserción laboral, además de desintoxicación y protección.

La práctica de la prostitución en la Comunidad Valenciana variará sustancialmente cuando comience a aplicarse el nuevo decreto, cuyo borrador ultima la Conselleria de Bienestar Social. La medida más evidente consistirá en la desaparición de las meretrices de las calles. A partir del próximo año ya no podrán trabajar en la vía publica. Tampoco podrán hacerlo en locales que no dispongan de la preceptiva licencia para esa actividad.
De hecho, el proyecto legislativo expresará claramente la prohibición de prestar servicios sexuales retribuidos en locales de pública concurrencia que no hayan obtenido la oportuna autorización para ello.
El esbozo sobre el que se basará el futuro decreto establece unos requisitos específicos para los denominados clubs de alterne. Deberán constar con duchas, comedor, aseos, utensilios profilácticos adecuados y material preventivo e informativo, con la finalidad de evitar riesgos para la salud de clientes y meretrices.
Las empleadas de estos locales pasarán revisiones médicas con frecuencia y recibirán una vacunación que fijará Sanidad. Además, los titulares de la licencia adquirirán el compromiso de desinfectar cada poco tiempo sus negocios.
La Conselleria de Bienestar Social, encargada de confeccionar este decreto, insistirá en que los menores no puedan acceder a esa clase de establecimientos. De hecho la inminente regulación prohibirá el acceso a los locales de alterne de las personas con menos de 18 años. Esta imposibilidad quedará especificada por escrito en la puerta del recinto.
El Gobierno autonómico pretende que los jóvenes estén alejados de esa posible tentación, por lo cual obligará a estos locales a no situarse en las proximidades de guarderías, centros docentes o religiosos, edificios oficiales u otros recintos que tengan un importante trasiego de menores. Los ayuntamientos se ocuparán de designar en qué parte de cada término municipal conceden licencia para este tipo de actividad, aunque las recomendaciones de la Generalitat se orientan a que estén ubicados fuera de cascos urbanos y que exista distancia mínima de separación. En cada uno de estos locales debe haber varios vigilantes de seguridad durante todo el periodo de funcionamiento.
El futuro decreto de la Generalitat tendrá un cariz más social que económico. Por esta razón contendrá un conjunto de medidas con ese tinte, tales como motivar a las personas que se dedican a la prostitución a que abandonen su estilo de vida, se reeduquen e inserten en otros ámbitos laborales; programas para atención a las prostitutas que tengan adicción a las drogas; planes específicos para la protección de los hijos de estas profesionales o proyectos para que exista mayor tolerancia social a la prostitución y no queden estigmatizadas las personas que la practican.

El Gobierno regional favorecerá la incorporación a otros trabajos de las meretrices con cursos formativos y ayudas a las empresas que contraten personas que hayan ejercido ese oficio. También respaldará a las practicantes de esta actividad que decidan constituir sociedades mercantiles, siempre que su ámbito comercial no tenga nada que ver con la prostitución.

Y ADEMÁS...
Trabajadoras autónomas

El esbozo de decreto que confecciona la Conselleria de Bienestar Social prevé, como sucede en Alemania u Holanda, que las prostitutas que ejerzan en locales autorizados dispongan de las prestaciones sociales de cualquier otro trabajador. Para ello les incentivarán a que paguen su cuota de autónomas, lo cual revertirá en que puedan beneficiarse de ayudas y programas oficiales. De esta forma también existirán datos fiables sobre el sector y quedaría desmantelado este tipo de actividad sumergida en el que están implicadas muchas inmigrantes que residen de manera ilegal.