Cada vez son más los inmigrantes que denuncian a las mafias para regularizar su situación. Prostitutas, jornaleros del campo, operarios de talleres clandestinos..., los esclavos del siglo XXI no entienden de leyes, pero asesorados por los sindicatos o la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), se presentan en una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía o en un cuartel de la Guardia Civil para testificar contra el proxeneta que les extorsiona o el capataz que abusa de ellos.
     Según informaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno, en los últimos dos años se han concedido una veintena de permisos de residencia a ciudadanos extranjeros que denunciaron a la banda de inmigración ilegal que les introdujo y explotó en la Comunidad Valenciana.
     "Sufren y pasan mucho miedo''
"Algunas veces colaboran porque no tienen más remedio, pero nos cuesta mucho convencerlos para que testifiquen contra sus compatriotas. Sufren y pasan mucho miedo porque reciben amenazas de muerte y temen que las mafias, como represalia, puedan hacerle algún daño a su familia en los países de origen'', explica un funcionario de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.
     En la mayoría de estos casos, las personas que han regularizado su situación son mujeres que fueron explotadas por redes de trata de blancas de Europa del Este. Las víctimas se acogen al artículo 59 de la Ley sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (conocida como Ley de Extranjería).
     Este apartado de la normativa afirma que el inmigrante que haya sido víctima o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, mano de obra o explotación en la prostitución, "no será expulsado si denuncia a las autoridades competentes a los autores o cooperadores de dicho tráfico''.
     Además, la ley establece en el mismo artículo que a estos extranjeros se les podrá facilitar, a su elección, el retorno a su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como el permiso de trabajo y facilidades para su integración social.
     Solicitud denegada
Las mismas fuentes de la Delegación del Gobierno eludieron pronunciarse sobre la resolución que deniega el permiso de residencia a Natalia J., una inmigrante de 21 años de edad que denunció a las personas que pretendían prostituirla en un local de alterne de Valencia.
     Como ya informó este periódico en su edición del sábado, la joven teme por su vida en el caso de que tenga que abandonar España, ya que recibió amenazas de muerte por testificar contra un presunto traficante de seres humanos.