SALVADOR BARBER

Dentro de quince días tendrá que abandonar España para regresar a su país, Lituania. Un lugar donde una mafia ha puesto precio a su cabeza y probablemente intentará cobrarlo.
El caso de la joven testigo hipotéticamente protegida deja al aire las vergüenzas de un sistema de seguridad –con connotaciones legales, judiciales y policiales- que evidentemente no funciona. Y no constituye precisamente un acicate para eso tan necesario y que tanto se nos pide que es la colaboración ciudadana.
El premio que obtendrá la lituana por denunciar una mafia dedicada a la trata de blancas será la expulsión del país, y eso después de que haya quedado patente que lo de la protección a los testigos es una figura retórica, una declaración de principios no articulada y que generalmente se queda en que al comparecer ante la justicia, el denunciante lo hace con un número, en vez de su nombre y apellidos, pero a cara descubierta ante el abogado de los denunciados.
Eso del cambio de identidad, nuevos medios de vida, nueva imagen, etc, etc, queda para las películas. Hemos visto demasiado cine.
La joven lituana fue traída desde su país engañada por una mafia con un inexistente trabajo agrícola. Una vez aquí, en Gandia, fue vendida por mil euros a un marsellés (oido cocina) y otro sujeto de no sé que nacionalidad que la encerraron en un piso, la pusieron de coca hasta las cachas y la obligaron a prostituirse en un club donde una tarde compareció a trabajar brutalmente golpeada.
Se le instó a que denunciara a los mafiosos objeto de su drama, y se le prometió el status de testigo protegida. Ningún estamento oficial (policía en primera instancia) le facilitó una identidad falsa, ni un puesto de trabajo. Pero eso sí la clasificaron como protegida. En plan honorífico, por lo que se ve. Solo la casa cuna le ofreció albergue cuando, por su cuenta, pidió ayuda para dar a luz.
Tan protegida estaba las testigo que la policía no tenía ni idea de su paradero y tras un primer careo de dudosa realización ya no pudo ser citada para comparecer en el procedimiento judicial contra sus secuestradores, razón por la cual la denuncia quedó sobreseída y los mafiosos en libertad, tras un período de prisión provisional.
Ahora sí la han localizado. Le aplican con todo el rigor la Ley de Extranjería y le han dado quince días para abandonar España, en lo que dadas las circunstancias bien puede ser un viaje sin retorno, no a España en si, que fíjate, sino a la vida. Le pueden rebanar el cuello apenas los mafiosos contra los que actuó tengan conocimiento de su llegada al suelo patrio ( de ellos ).
Como el procedimiento jurídico que le siguió a la denuncia no prosperó por las causas indicadas, que revelan muy bien el celo que ponemos en la protección de los testigos, ahora no le quieren aplicar los beneficios que se derivan de ese tipo de denuncias contra mafias organizadas, y uno de los cuales es la concesión de nacionalidad, como media lógica de salvaguarda.
Total, que una serie de carencias legales en la protección de testigos, y una evidente negligencia en su custodia –mira si la protegían que no sabían ni donde estaba--, suponen de hecho una especie de condena a muerte no dictada y por omisión, contra la mujer que denunció que la habían vendido, secuestrado, maltratado y prostituído.
Mientras tanto, eso si, nos llena cada mañana de propaganda y ponencias sobre violencia de género, medidas para ayudar a las víctimas y unos proyectos tan maravillosos que, sobre el papel, casi invitan a que te hagas mujer y te parta los morros un macarrón.
La realidad tiene otro rostro.