El abogado de la víctima considera que la resolución del Ministerio del Interior incumple la Ley de Extranjería
Una joven inmigrante se enfrenta a una orden de expulsión de España a pesar de que denunció a la red que la explotaba y recibió una paliza y amenazas de muerte por colaborar con la Policía. La víctima presentará un recurso contra esta resolución en los próximos días porque, según su abogado, "incumple el artículo 59 de la Ley de Extranjería''.
JAVIER MARTÍNEZ (VALENCIA)
     Quince días es el plazo que le han dado a Natalia J. para que abandone España. Su estancia en Valencia es supuestamente irregular y la Ley de Extranjería no entiende de sentimientos a pesar de que la joven colaboró con la Policía en la detención de un traficante de seres humanos.
     Para Natalia, de 21 años de edad, los últimos meses de 2000 fueron los peores de su vida. La inmigrante recibió brutales palizas porque se negó a prostituirse y, ahora que comenzaba a ver la luz del túnel, ha recibido una fría y escueta notificación del Ministerio del Interior, una resolución que le deniega el permiso de residencia y le ordena abandonar el territorio español antes de 15 días.
     La joven teme por su vida después de haber denunciado a la red de inmigración ilegal que la explotaba. "Es gente muy peligrosa que te pega un tiro por menos de nada'', asegura Natalia. Por ello, en todas las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 4 de Valencia la joven inmigrante tiene la consideración de testigo protegido, aunque luego "hicieron una chapuza porque ordenaron un careo entre Natalia y el abogado de la otra parte'', se queja José Luis Roberto, secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), agrupación que defiende los derechos de la ciudadana extranjera.
     Pero lo que más indigna a la joven son los fundamentos jurídicos en los que se basa la resolución que el Ministerio del Interior, a través de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, le acaba de comunicar por escrito. "Del análisis del expediente no se desprende que la interesada haya sido víctima, perjudicada o testigo de ningún delito cometido por bandas organizadas'', afirma textualmente el documento.
     Identificó a los delincuentes
"Es increíble que ahora digan eso, cuando en la denuncia que presentó el 25 de enero de 2001 relataba cómo había sido víctima de un acto de tráfico ilícito de seres humanos y de explotación para la prostitución, identificando plenamente a los autores de dicho tráfico, presentando pruebas y colaborando con los funcionarios policiales'', sostiene Roberto.
     Para el secretario general de Anela, esta resolución del Gobierno incumple el artículo 59 de la Ley de Extranjería y la normativa referente a testigos protegidos.
     "Es muy grave prometer a una persona que no será expulsada de España si denuncia a la red que la estaba explotando y luego, dos años después, en lugar de facilitarle el permiso de residencia le comunican que debe abandonar el país antes de quince días o, de no hacerlo así, le incoan un expediente de expulsión'', explica Roberto. "Hay víctimas de redes de prostitución que aparecieron descuartizadas en Alicante y, posiblemente, el móvil de estos crímenes fue una venganza por una denuncia. Por ello, no hay que jugar con la vida de estas mujeres'', añade el abogado y secretario general de Anela.
     Otro de los argumentos en los que se basa la determinación de Interior es el sobreseimiento provisional de la causa abierta por supuesto tráfico de seres humanos, aunque Roberto asegura que esto se debió a que enviaron las citaciones a una dirección antigua, por lo que Natalia no se enteró de que tenía que volver a declarar en el juzgado.