Los locales de alterne quieren que las mujeres paguen autónomos y tengan sus derechos. Pedirán su ingreso en la CEOE
José Parrilla, Valencia

La Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela) reivindicó ayer la regulación de la prostitución para proteger los derechos de las personas y acabar con las mafias internacionales. Para la asociación, que ayer celebró en Valencia su V Asamblea Nacional, estas propuestas tienen el apoyo de la sociedad y ahora sólo falta el de los políticos y los empresarios, de ahí que tengan previsto solicitar trabajadoras inmigrantes en el contingente del año que viene y pedir su ingreso en la patronal CEOE.
Pablo Mayo, presidente de la asociación, explicó que su objetivo es poder traer mujeres extranjeras dentro del contingente anual para que puedan «ejercer libremente la prostitución en nuestro país». Estas mujeres pagarían el régimen de autónomos y disfrutarían de las mismas ventajas que cualquier trabajador por cuenta propia.
De esta manera, dijo, se acabaría con las mafias y se defenderían «valores fundamentales como la libertad y la seguridad, tanto de las mujeres como de los clientes», que tendrían garantizadas las condiciones sanitarias adecuadas.
Mayo cree que la sociedad y la opinión pública española están de acuerdo con estas propuestas y aseguró que sólo falta vencer la «hipocresía» de los políticos. En este sentido recordó que existe una comisión en el Senado que está tratando el asunto y le pidió que en vez de guardar silencio secunde las peticiones que en este sentido le han llegado desde el Parlamento de Cataluña.
El presidente de Anela dijo que muchos jueces y policías ya les están dando la razón y quiso explicar, en cualquier caso, que la propuesta de Anela no tiene nada que ver con el proxenetismo. «Proxeneta es el que se incauta de los bienes de una persona sin su consentimiento y nosotros somos empresarios que vendemos copas y espectáculos y que alquilamos nuestros locales a estas mujeres para que establezcan la relación que quieran con los clientes», dijo.
Isabel Pisano, autora del libro «Yo puta» y persona convencida de que «este negocio no terminará nunca», se pronunció a favor del modelo holandés, donde las mujeres pueden optar entre trabajar legalmente por su cuenta o trabajar como asalariadas de una empresa, cotizando siempre a la Seguridad Social y teniendo sus derechos. Lo que a su juicio no es tolerables es que haya «mujeres encadenadas, privadas de libertad y trabajando para pagar la cuota de 200.000 pesetas». «Si hay mujeres en la calle que cobran el servicio a cinco mil pesetas, para llegar a esa cuota tiene que pasarles un ejército por encima», lamentó.
Finalmente, Fermín Palacios, secretario general del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana, abogó por la legalización plena, su sindicación y la regulación de su trabajo con convenios laborales como los de cualquier profesión.

Vendida por 2.000 dólares

La asamblea de Anela incluyó ayer los testimonios de dos mujeres que ilustran perfectamente la situación actual. Laura, lituana de 21 años, narró sus vivencias después de ver un anuncio en la prensa de su país y trasladarse a Gandía con la idea de trabajar en el campo. Según dijo, al llegar aquí le ofrecieron un trabajo de camarera y la trataron bien durante un mes hasta que aprendió español. Luego fue vendida por 2.000 dólares (400.000 pesetas) a una mafia que la obligaba a prostituirse a base de agresiones y drogas. Sólo la sensibilidad del dueño de un club y su inmediato contacto con Anela, dijo, le permitió salir de aquel calvario y abandonar la prostitución.
Ahora ya no ejerce y lleva una vida normal en Valencia, pero al solicitar su regulación por colaborar con la Justicia en la lucha contra las mafias se la han negado y le han advertido que debe abandonar el país en 15 días.
Cristina, por su parte, ejerce la prostitución en un local de Anela. Según dice, paga el alojamiento y trabaja libremente, disfrutando de respeto y derecho de opinión. Si no la legalizan como a cualquier otro trabajador lo único que conseguirán es que ella siga sin derechos y el Estado deje de ingresar sus impuestos.