El
negocio del sexo mueve 200.000 millones al año en la Comunidad
Los
propietarios de los principales locales de alterne declaran
la guerra a las mafias de trata de blancas
El negocio del sexo mueve en la
Comunidad Valenciana unos 200.000 millones de pesetas al año
entre prostitución, pornografía y venta de productos eróticos,
pero gran parte de este dinero se escapa al control del Gobierno
y la Generalitat a pesar de que los principales empresarios
de locales de alterne han tendido una mano a la Administración.
JAVIER
MARTÍNEZ (VALENCIA)
La
friolera de 200.000 millones de pesetas, el doble del presupuesto
del Ayuntamiento de Valencia y cuatro veces lo que destina
la Generalitat para la creación de empleo, es el dinero que
se gastan los vecinos de la Comunidad Valenciana al año en
el mercado del sexo, según los datos facilitados por la Asociación
Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela). Además
de la prostitución de lujo y callejera, hay otras formas de
negocio sexual: restaurantes y espectáculos eróticos, sex
shops, cintas de vídeo, revistas y películas pornográficas,
líneas telefónicas -especialmente las 906-, preservativos,
anticonceptivos, anuncios en periódicos, prostitución a través
de Internet, etcétera..., que suman cifras de vértigo.
La psicóloga valenciana Ángeles
Martínez García de Tamarit realiza una reflexión que puede
explicar con claves económicas el impresionante auge del negocio
del sexo: "Este sector parece ser el único que no conoce la
crisis y la oferta es muy amplia''.
Oferta de los empresarios del
sexo
Los empresarios de locales de alterne ofrecen al Gobierno
poder controlar sus millonarios beneficios, como ocurre en
los Países Bajos y Alemania, pero a cambio quieren derechos
y tranquilidad.
Y es que algunos propietarios
de locales de alterne se sienten perseguidos por la Policía
Nacional y la Guardia Civil. Las inspecciones que realizan
las Fuerzas de Seguridad del Estado en los clubes para erradicar
la inmigración ilegal de mujeres extranjeras y la explotación
de las mismas -por parte de bandas mafiosas-, no es del agrado
de los empresarios.
"No podemos seguir viviendo
en la incertidumbre de ser buenos para pagar impuestos de
sociedades, Seguridad Social, permisos de obras y apertura
y, a continuación, estar en el punto de mira de la Policía
y la Guardia Civil de un modo arbitrario. Si la Administración
regula la actividad, todos sabremos a que atenernos y si algún
local viola la ley, que afronte las consecuencias legales
de su actuación. Todos no somos iguales'', señaló el encargado
de un club de alterne de Valencia.
Uno de los objetivos de Anela
es luchar contra la competencia ilegal, las mafias de trata
de blancas y la prostitución callejera. Un portavoz autorizado
de esta entidad manifestó ayer que no pueden pertenecer a
la asociación aquellas personas que tengan antecedentes por
tráfico de personas. "Queremos dejar bien claro que nosotros
no tenemos nada que ver con las redes que obligan a mujeres
extranjeras a ejercer la prostitución tras engañarlas y traerlas
a España con falsas promesas o a la fuerza''.
Además, los miembros de esta
asociación están colaborando con las Fuerzas de Seguridad
del Estado para erradicar estas mafias, a pesar del peligro
que conlleva enfrentarse a grupos de delincuencia organizada.
Prueba de ello es que en los
últimos cuatro meses, miembros de Anela han mantenido hasta
20 reuniones con mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional
en diversas ciudades españolas para analizar esta problemática.
Protegen
a dos prostitutas
La
asociación de locales de alterne está protegiendo a dos
jóvenes prostitutas, una rumana y una lituana, de 19 y 21
años respectivamente, que fueron maltratadas y obligadas
a alternar en sendos clubes de Valencia por un grupo mafioso
de Europa del Este. Las dos mujeres denunciaron su situación
y ahora se encuentran en un lugar secreto y con vigilancia
las 24 horas del día para evitar represalias de los proxenetas.
La Policía Nacional detuvo
a la mayoría de los miembros de la red de trata de blancas,
aunque no todos ingresaron en prisión. La joven lituana
-que está embarazada y ha dejado la prostitución- fue vendida
en Gandía por 150.000 pesetas a un proxeneta, mientras que
la súbdita rumana atravesó media Europa oculta en un vagón
portaequipajes de un tren hasta llegar hasta nuestro país,
donde fue obligada a prostituirse por la banda de delincuentes.
Anela ha solicitado a la Delegación
del Gobierno el permiso de residencia y trabajo para ambas
víctimas de la red, para regularizar así su situación, según
informó el secretario general de esta asociación, José Luis
Roberto.
|
