Gallardón se propuso 'sacar' a las prostitutas de la calle mientras
que en la capital holandesa el principal reclamo turístico es
el Barrio Rojo
ROBERTO DIEZ YAGÜE
PALMA.- La profesión más antigua del mundo se debate entre
la legalización y la clandestinidad, así que quienes se
dedican a ella no saben todavía si es profesional lícita
o ilícita. Y es que no es lo mismo ser prostituta en Suecia que
en Francia, en Barcelona o en Palma, aunque lo básico sigue y
seguirá siendo igual.
El permanente tabú en torno a las meretrices se ha roto con un
debate en voz baja en diversos parlamentos autonómicos. Cataluña
fue la primera región española en regularizar la prostitución
en 2002, aunque hay experiencias previas como la de Bilbao. Le siguió Madrid,
donde Gallardón impulsó la erradicación de la actividad
callejera, manteniendo los burdeles. Galicia y la Comunidad Valenciana
están en ello, aunque las reticencias hayan frenado las propuestas.
La Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA)
tiene buena parte de culpa de que el debate llegue a las poltronas. Sus
propuestas han obligado a Rajoy y Zaplana a reconocer que habrá que
estudiar la posibilidad de una legalización nacional. Quieren
pagar impuestos y ser legales, no alegales como hasta ahora. O ilegales,
como desde que se aprobó la reforma del artículo 188 del
Código Penal. Esta reforma, realizada el pasado mes de septiembre,
establece penas de prisión de dos a cuatro años y multa
de 12 a 24 meses «para quienes se lucren explotando la prostitución
de otra persona, aun con el consentimiento de la misma».
Cataluña
La Ley dice esto pero cada comunidad es un mundo. Cataluña regularizó el
negocio con un decreto sobre las condiciones que deben reunir los locales.
De momento, sólo afecta a las instalaciones, las medidas de seguridad
y los horarios. Las condiciones laborales y las obligaciones fiscales
quedan de momento al margen.
El decreto hace responsables a los ayuntamientos de la elaboración
de ordenanzas municipales para desarrollar la normativa y la vigilancia
de su cumplimiento. Algo similar a lo que, para desconocimiento de muchos,
funcionaba en España hasta los años 50, cuando todavía
la prostitución era legal. Los reglamentos más antiguos
sobre el comercio sexual datan del siglo XVI y eran de competencia municipal.
Las mancebas debían ser forasteras y estaban excusadas, por ejemplo,
de librar en domingo. Parte de los ingresos se destinaban a sufragar
el retiro conventual de las meretrices, que tenían además
asistencia médica.
Volviendo a la época actual, Madrid ha sido la última comunidad
en saltar a la palestra de la prostitución. En esta comunidad
se calcula que hay unos 700 locales -que se dice pronto- destinados al
mercado del placer. Así que Gallardón se puso manos a la
obra y decidió llenar de policías los habituales centros
de prostitución callejera. El objetivo es erradicar la actividad
fuera de los burdeles, que serán consentidos. La medida del ahora
alcalde capitalino sacó a la calle a las profesionales callejeras
del gremio, que quieren crear un Barrio Tolerancia, similar al Rojo de
Amsterdan, donde además no haya que dar la mitad de las ganancias
a los dueños de los clubes.
Amsterdam
La capital holandesa es el ejemplo más manido cuando se habla
de la prostitución. Su barrio Rojo es el ejemplo soñado
por muchos, ya que se ha convertido además en un espacio turístico
de primer orden. Siguiendo el ejemplo de la Venecia del norte, Holanda
se convirtió en octubre de 2000 en el primer país europeo
que consideraba la prostitución como una profesión más.
Dos años más tarde el modelo holandés se expandió a
Alemania, mientras que sus vecinos belgas cuentan con un proyecto de
ley al respecto. De hecho, el Gobierno belga considera que si las meretrices
declararan sus ingresos, las arcas públicas ganarían 50
millones de euros más cada año. Este año, Nueva
Zelanda legalizó también los burdeles y un lupanar australiano
salió a bolsa con un gran éxito.
Sin embargo, hay otra cara de la moneda mucho más intransigente
con la prostitución. En Suecia se castiga a los clientes con multas
y arrestos. En Francia ni siquiera están permitidos los locales
de alterne. ¿Y España? No esta prohibida, pero no es un
oficio y es delito explotar a quienes la practican.
La experiencia pionera de Bilbao acabó en fracaso
R. D. Y.
Pese a que Cataluña se convirtió en la primera Comunidad
Autónoma que regulaba la prostitución, el Ayuntamiento
de Bilbao fue pionero en estas lides con una ordenanza municipal aprobada
en 1998. Esta normativa nació para tratar de frenar la concentración
de locales de alterne en una céntrica calle de la ciudad. Al principio,
lo logró, pero más tarde se han visto sus carencias.
La ordenanza marca una distancia mínima entre clubes de 500 metros
e incluye unas condiciones higiénico-sanitarias. Cada estancia,
dice, debe tener al menos nueve metros cuadros y un aseo de otros tres
metros cuadrados. Incluso apunta que este cuarto debe estar alicatado.
Aunque la norma fue aplaudida por vecinos y grupos políticos,
el tiempo ha mostrado sus vergüenzas, dado que muchos empresarios
optaron por trasladar la actividad de los clubes a pisos particulares
de la misma zona, ante la imposibilidad de mantener sus negocios como
locales de alterne. Esto genera molestias a los vecinos, que ahora acuden
a los tribunales para denunciar a estas casas de citas.
Así las cosas, el ejemplo catalán es el modelo español
en vigor más permisivo en lo que a prostíbulos se refiere.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
abrió el pasado mes de octubre un proceso contra el decreto de
la Generalitat. EL TSJC inició este trámite después
de una denuncia presentada por siete entidades que dicen defender los
derechos de las mujeres y que abogan por la abolición de la prostitución,
asegurando que el decreto reconoce de facto la actividad de las meretrices
y contradice la condena de la ONU a la que España se adhirió en
1962.