EN CASTILLA Y LEÓN Y CATALUÑA
Detenidas 61 personas en dos operaciones contra el tráfico y prostitución
de inmigrantes
La Policía ha detenido a 41 personas en una operación realizada
en Castilla y León que han supuesto la desarticulación
una red dedicada al tráfico de inmigrantes y a la prostitución.
En Cataluña se ha realizado otra similar que ha terminado con
el arresto de 20 personas y ha permitido desarticular un grupo dedicada
a las mismas actividades delictivas.
L D (EFE) Según la Dirección General de la Policía,
la operación desarrollada en Castilla y León, llevada a
cabo por agentes de la Brigada Central contra las redes de inmigración
ilegal y por agentes de las comisarías de Ávila, Salamanca
y Zamora, se ha saldado con el arresto de 41 personas, treinta de ellas
por estancia ilegal en España y de nacionalidades rumana, brasileña
y nigeriana.
Las once restantes, de nacionalidad española y también
rumana, fueron detenidas por delitos relativos a la prostitución,
asociación ilícita, detención ilegal, delitos contra
los derechos de los extranjeros, falsificación documental y tenencia
ilícita de armas. Según la Policía, estos once detenidos
integraban una red dedicada a introducir ilegalmente en España
a mujeres, a las que explotaban sexualmente en locales de alterne de
la zona con todo tipo de coacciones y amenazas a su vida y a su familia.
Mujeres vendidas por 4.000 euros
Las investigaciones comenzaron gracias a la denuncia de dos de las mujeres,
captadas mediante engaño en sus países y explotadas en
España. Las mujeres eran vendidas al propietario de varios locales
de alterne, ubicados en Ávila, Salamanca y Zamora, por 2.000 euros
cada una, si bien sus captores, al ver que podían obtener mayores
beneficios, aumentaron el precio de venta a 4.000 euros. Los clubes eran
propiedad de una sociedad encabezada por un hombre de 52 años,
quien se encargaba de retener el dinero que obtenían con el trabajo
y entregarlo periódicamente a los demás miembros de la
banda o de quedárselo en el caso de las mujeres que él
había comprado.
Posteriormente, los agentes encontraron en El Barraco (Ávila)
el domicilio de los presuntos delincuentes, que trasladaban mujeres desde
Rumanía a España con falsas promesas de trabajo, en labores
de cuidado de menores o limpieza y, desde un primer momento, les prohibían
cualquier contacto con sus familias. Los integrantes del grupo en España
se encargaban de vigilar, controlar, amenazar y pegar a las chicas cuando
se negaban a trabajar, según la Policía.
Los compradores de las mujeres eran dueños de los locales "Belle
Epoque", en Benavente (Zamora); "Los Charros" en Ávila,
o "La Sirena" en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca),
y eran los verdaderos responsables del tráfico de personas, dado
que facilitaban el dinero a los ciudadanos rumanos. Entre los arrestados
hay siete ciudadanos españoles, en su mayoría naturales
de Salamanca.
Por otra parte, agentes de las Comisarías de Tarragona y Tortosa
han desarticulado otra red dedicada a las mismas actividades y han capturado
a veinte personas, nueve de los cuales introducían ilegalmente
en España mujeres latinoamericanas, que eran prostituidas en el
club Migjorn, en Alcanar Playa (Tarragona). Las investigaciones también
comenzaron a raíz una denuncia presentada en noviembre por una
de las mujeres, quien fue captada en Bolivia, por una persona que le
prometió trabajo como camarera y le facilitó los trámites
para llegar a España como turista.
Menor prostituida
Al aterrizar en Barcelona, otra persona trasladó a la mujer al
club Migjorn, donde fue obligada a prostituirse para saldar la deuda
de tres mil euros que, según le comunicaron, había contraído
con la organización. Los explotadores retiraban el pasaporte a
las mujeres, que debían entregarles íntegramente el dinero
obtenido por cada relación –un mínimo de 53 euros– y
además debían pagar 50 euros diarios al dueño del
club en concepto de alojamiento y manutención.
Dentro del club había al menos una mujer menor de edad, de nacionalidad
boliviana, que tenía el pasaporte falsificado. La Policía
arrestó a once mujeres de diferentes países latinoamericanos
por estancia ilegal y a otras nueve personas (españoles y rumanos
en su mayoría) por delitos contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros, contra los trabajadores, prostitución, asociación
ilícita y estancia ilegal.
Asimismo, intervino 31 pasaportes, 17.800 euros, 1.283 dólares
y 10.000 yenes y documentos en los que se contabilizaban las citas de
las mujeres y el dinero que ganaban.