ACTUALIDAD
CASTILLA Y LEÓN
Desarticulada en Castilla y León una red que traía mujeres
a España de forma ilegal para explotarlas sexualmente
La actuación policial se centró en las provincias de Salamanca,
Avila y Zamora, donde se detuvo a 41 personas
EUROPA PRESS / MADRID 24/12/2003
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada
Central contra las Redes de Inmigración Ilegal, en colaboración
con las Comisarías de Salamanca, Ávila y Zamora, en una
amplia operación desarrollada en la Comunidad de Castilla y León,
han desarticulado una red de traficantes de seres humanos y falsificación
de documentos que ha concluido con la detención de cuarenta y
una personas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.
Las primeras gestiones permitieron el arresto de once personas, de nacionalidad
española y rumana, por delitos relativos a la prostitución
y asociación ilícita, detención ilegal, delitos
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsificación
documental y tenencia ilícita de armas.
Todos ellos integraban una organización dedicada a la inmigración
ilegal de mujeres procedentes de Rumania para su explotación sexual
en locales de alterne españoles utilizando todo tipo de coacciones,
así como la falsificación de documentos. Igualmente se
procedió a la detención de treinta personas más
de nacionalidad rumana, brasileña y nigeriana por estancia ilegal.
Las investigaciones se iniciaron por la Brigada de Extranjería
y Documentación de Ávila, a raíz de la denuncia
de dos mujeres que habían sido víctimas de una red integrada
por ciudadanos españoles y rumanos, dedicada a la inmigración
ilegal de mujeres de nacionalidad rumana y de otros países del
Este de Europa que eran captadas mediante engaño en sus países,
para una posterior explotación sexual en clubes de alterne españoles,
para lo cual sufrían amenazas contra su vida y su familia.
VENTA DE MUJERES DESDE 2.000 EUROS
Posteriormente, otras tres ciudadanas rumanas, localizadas en locales
de alterne, corroboraron lo anterior y manifestaron que fueron captadas
en Rumania por unos compatriotas suyos y vendidas al propietario de varios
locales de alterne ubicados en las provincias de Ávila, Salamanca
y Zamora, por una cantidad de dos mil euros por cada mujer. Al detectar
que podían obtener mayores beneficios aumentaron el precio de
venta, hasta llegar a los cuatro mil euros.
Los clubes, sitos en varias provincias de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, son propiedad de Ángel B. M., un salmantino
de 52 años que era el encargado de retener todo el dinero que
obtenían con el trabajo y entregarlo periódicamente a los
demás miembros de la banda. En caso de ser él el comprador
de las jóvenes se apropiaba de los beneficios.
Gestiones posteriores permitieron determinar el domicilio de miembros
de la organización afincados en España, concretamente en
la localidad de El Barraco (Ávila).
FUNCIONAMIENTO DE LA RED
La organización trasladaba mujeres desde Rumania a España
con falsas promesas de trabajo, en labores de cuidado de menores, limpieza,
o falseando la realidad que les esperaba en España.
El control sobre las mujeres, se iniciaba en su país, donde una
vez captadas las impedían regresar a su domicilio para que no
se arrepintieran de la decisión tomada y se les negaba, desde
ese momento, todo contacto con las familias.
Las actividades de captación iban dirigidas a obtener una doble
finalidad:
convencer a las jóvenes en su ciudad o pueblo natal y trasladarlas
a continuación ellos mismos a otro país, asegurando la
presencia de las mujeres en España.
Una vez en nuestro país, eran vendidas a los dueños de
los clubes. El precio en un primer momento era de dos mil euros por cada
mujer, aumentando el mismo en función de los rendimientos sexuales.
Este grupo, que contaba con infraestructura en España, se encargaba
de la vigilancia, control y, a veces, de propinar numerosas palizas ante
la negativa de las chicas a trabajar en las condiciones a las que eran
sometidas.
También utilizaban a compatriotas en funciones intimidatorias,
conocedores del idioma de las jóvenes, el lugar de residencia
en su país y a sus familiares. Así, en el registro efectuado
en el domicilio de la organización en el pueblo abulense de El
Barraco se logró localizar e intervenir un revólver con
el que amenazaban de muerte a las chicas, siendo detenido un ciudadano
rumano.
Las víctimas, a su vez, eran compradas por ciudadanos españoles,
dueños de locales de alterne. Estos explotadores, que constituyen
sociedades para comercializar diversos establecimientos, son titulares
de los locales 'Los Charros', en Avila; 'La Sirena', en Peñaranda
de Bracamonte (Salamanca), y "Belle Epoque", en Benavente (Zamora).
Es habitual que las mujeres fueran intercambiadas cada cierto periodo
de tiempo entre diferentes locales; por un lado, con el fin de que los
clientes no encuentren siempre a las mismas chicas y sean atraídos
por la novedad, y, por otro, como medida disuasoria evitando que alguna
pudiera trabar amistad y huir con el cliente.
Esto mismo ocurría con el resto de los empleados de la sociedad.
Así, uno de los encargados del local de Benavente, denunciado
por las mujeres, fue detenido en el Club "Los Charros", sito
en Ávila.
Los dueños de esta sociedad encabezados por Angel B. M., eran
los auténticos responsables del tráfico de personas, ya
que son ellos los que facilitaban el dinero a estos ciudadanos rumanos,
que vendían mujeres al mejor postor. Los extranjeros, seguían
atemorizando y amenazando a las mujeres y a sus familias, con la intención
de que no se escapasen de los locales.
Dentro del establecimiento, la vigilancia era realizada por ciudadanas
rumanas que gozaban de la confianza de los dueños y encargados,
teniendo como función narrarles las vicisitudes de las vigiladas,
llegando incluso a someterlas a malos tratos, con el beneplácito
de dueños y encargados, ya que ellos de manera periódica,
alegando cualquier infracción, maltrataban a las mujeres.
Entre las cuarenta y una personas detenidas, la mayoría mujeres
de origen rumano, brasileño y nigeriano, se encuentran dos abulenses,
Francisco Javier L.M., de 35 años, y Francisco Javier M.L., de
25 y natural de Navaluenga, así como los salmantinos Juan Miguel
G.P., de 45 años; Francisco José C.G., de 43 (Ledesma);
Diego L.D., de 51; Gonzalo M.S., de 49, y José S.M., de 25 años.
Se les acusad de asociación ilícita para el tráfico
ilegal de personas (delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros),
contra los derechos de los trabajadores, delitos relativos a la prostitución
y estancia ilegal.