La tasa que grava los clubes de alterne de la Comunitat Valenciana desaparecerá en 2010 después de siete años en vigor sin que se aplicara ni una sola vez. El Consell que preside Francisco Camps ha optado por eliminarla dando carpetazo a la primera y única medida adoptada por el Ejecutivo valenciano para regularizar el negocio de la prostitución. La tasa fue creada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2003 poco después de que el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, anunciara la intención de su departamento de regularizar esta actividad.
En concreto, el hoy portavoz del grupo popular y titular de Ciudadanía y Solidaridad preparó un decreto para incluir en el Catálogo de Espectáculos y Establecimientos Públicos un nuevo tipo de negocio legal, denominado locales de práctica de la prostitución. Antes de que esta normativa viera la luz, el Consell creó una tasa para hacer caja por la incripción de estos locales en un registro. Se estipuló que los dueños de los clubes pagarían 20 euros por la inscripción y que todo cambio de titularidad (venta o arrendamiento) o de la razón social de la empresa se gravaría con diez euros.
La medida suscitó un intenso debate en las Corts. La oposición rechazó la iniciativa popular -la tasa se introdujo mediante una enmienda parcial del PP al proyecto de ley- al entender que era una visión miope tratar el problema de la prostitución por el camino de la fiscalidad y no abordar el asunto desde un punto de vista social.
La ley fue aprobada e incluso los precios de la tasa revisados al alza en 2005. Sin embargo, el paso previo para su aplicación nunca llegó a darse. El debate suscitado por Blasco en época de gobierno de Eduardo Zaplana quedó en nada y la Generalitat nunca llegó a regular ningún registro donde los locales de alterne pudieran darse de alta.
Dada la inutilidad de la tasa, el Consell ha decidido darla de baja. La ley de acompañamiento de los presupuestos de 2010, cuyo debate se inicia hoy en el pleno de las Corts, contempla una modificación en la ley de tasas en virtud de la cual se suprime el citado gravamen. Un informe de la Conselleria de Economía propone derogar el capítulo en el que se regulaba "por inexistencia del registro específico previsto en él". En su lugar, el Consell propone la creación de una tasa por "presentación a las pruebas evaluadoras del servicio específico de admisión". Es decir, los aspirantes a guardias de seguridad tendrán que pagar 5 euros para examinarse.
La portavoz de Economía del grupo socialista en las Corts, Cristina Moreno, indicó ayer que lo ocurrido con esta tasa demuestra que todo el debate sobre la regularización era "una gran mentira" que pone en evidencia la forma de gobernar del PP. "Solo querían salir en los telediarios y no tenían ninguna intención en abordar un problema tan serio como el de la prostitución", dijo la socialista.