La Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, Anela, amenaza con cerrar los clubes (varios de sus asociados son de la provincia de Jaén) «como medida de presión» contra el 'Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual' puesto en marcha por el Gobierno. La medida ya se planteó en una asamblea de la patronal del alterne el pasado mes de marzo, con la previsión de concretarla antes de final de año.
Aunque el plan fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de 2008, aún no ha tenido efectos apreciables en la provincia de Jaén. El control de las fuerzas de seguridad sobre los clubes sigue siendo el habitual: unas cuantas redadas de madrugada en las que acaban detenidas chicas por estar en España sin los papeles en regla. En mayo hubo tres redadas, como punto álgido. Sin noticias de mafias o redes que exploten a las mujeres en ninguna de las operaciones policiales. Y sin control sobre los muchos pisos en los que se ejerce la prostitución y que se anuncian en prensa.
En la provincia tampoco hay zonas donde se ejerza la prostitución de forma llamativa en la calle, así que el tema candente para la opinión pública (tras los sucesos de las últimas semanas en Barcelona) no han tenido repercusión en Jaén, donde el negocio se mueve en la clandestinidad de pisos donde la discreción es el lema y bajo las luces de colores de los clubes de carretera.
La ministra
Esta misma semana, en el Congreso de los Diputados, la ministra Bibiana Aído ha manifestado que «por primera vez en nuestro país un gobierno aborda el problema de la trata desde todos los ángulos y con propuestas concretas» y ha añadido que «ahora contamos con el primer instrumento estratégico integral para luchar contra esta forma de esclavitud (...) No podemos permitir que en pleno siglo XXI, un número importante de mujeres vean pisoteados sus derechos y sean convertidas en meros objetos, en mercancía, para beneficio de proxenetas y redes», dijo Aído en respuesta a una interpelación parlamentaria sobre el trato del Gobierno a la prostitución.
Los empresarios creen que cuando el plan Gobierno se aplique «con todas sus consecuencias» supondrá «el cierre de establecimientos y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo», según informa Anela en el último número de su revista oficial. Cerrar los clubs un mes, a juicio de los empresarios del ramo, «supondría el desplazamiento de miles de prostitutas a los pisos y las calles, lugares que no son los más apropiados para el ejercicio de esta profesión».
El mensaje de Anela es que habrá prostitución «por muchos planes que se elaboren». Y ya puestos, lo mejor es que estén en sus establecimientos, donde hay control legal, sanitario y se pagan impuestos.
Regulación
El secretario general de Anela, José Luis Roberto, pide la regulación de la profesión cuando explica que «el gobierno niega una vez más los derechos laborales y sociales que estas mujeres vienen reclamando desde el año 2000».
«Ni amenazas, ni fuerza, ni engaño, ni abuso de poder, ni vulnerabilidad, ni pago a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima. Ninguna de estas circunstancias se da en los locales de Anela, dice la organización en un escrito que califica al plan del Gobierno como «la gran mentira».
El plan prevé medidas como la posibilidad de que prostitutas extranjeras indocumentadas obtengan permiso de trabajo si denuncian a sus explotadores. «Un premio», dice José Luis Roberto.
Gran preocupación causa en los empresarios otro apartado previsto en el plan: la posibilidad de el decomiso de los bienes del responsable de un club donde se explote a mujeres, como medida cautelar ante una denuncia. Dada la lentitud de la Justicia, dicen en Anela, cuando la situación se aclare el daño puede ser ya irreparable para el empresario.